La transferencia del conocimiento ha experimentado una evolución notable en España durante las últimas cuatro décadas, hasta consolidarse como una misión central de las universidades junto a la docencia y la investigación. Desde que la Ley de Reforma Universitaria (LRU, 1983) reconoció explícitamente esta función, la normativa nacional ha impulsado la creación y consolidación de las Oficinas de Transferencia de Tecnología (OTC) y ha reforzado progresivamente el papel de la transferencia a través de reformas como la LOU (2001) y la LOMLOU (2007).
Este marco se ha visto fortalecido en los últimos años con la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (LCTI 2022) y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU 2023), que sitúan la transferencia y el intercambio de conocimiento como un eje estratégico, subrayando su naturaleza colaborativa y su valor social. A ello se suma el impulso de numerosas iniciativas de las Comunidades Autónomas, que han desarrollado sus propias estrategias regionales de I+D+i, programas de valorización y redes de innovación encaminadas a reforzar la colaboración entre universidades, centros de investigación, empresas y administraciones públicas.
Impulso europeo
La evolución de la transferencia en España está, además, estrechamente vinculada al marco estratégico europeo. Desde los años 2000, la Unión Europea ha promovido una mayor interacción entre academia y sector productivo mediante iniciativas como la Estrategia de Lisboa, el Espacio Europeo de Investigación (EEI), los programas marco de I+D (FP7, Horizonte 2020 y Horizonte Europa) y, más recientemente, la EU valorisation policy. Estas políticas han favorecido la creación de partenariados público-privados, proyectos colaborativos internacionales, ecosistemas regionales de innovación y redes europeas como las Knowledge and Innovation Communities (KIC) del EIT.
Principales desafíos
Pese a estos avances, persisten ciertas incoherencias que limitan una consolidación plena de la transferencia de conocimiento. Aunque el discurso estratégico es claro, su traslación a la práctica sigue siendo desigual. En ocasiones, las expectativas formuladas a escala nacional o regional no vienen acompañadas de recursos, incentivos o estructuras suficientes para garantizar su implementación.
A ello se suman retos internos —como estructuras de apoyo con capacidades limitadas, incentivos que no siempre reconocen el esfuerzo real de transferencia o una cultura académica aún centrada en la investigación básica— y factores externos —como la escasa masa crítica en sectores intensivos en conocimiento— que dificultan alcanzar un sistema plenamente articulado.
En conjunto, estos elementos evidencian un ecosistema en transición: con avances significativos y alineado con las tendencias europeas, pero todavía marcado por asimetrías, solapamientos y barreras que reducen su eficacia. Superar estas incoherencias permitirá que las universidades y centros de investigación españolas aprovechen plenamente el impulso hacia modelos más colaborativos, orientados al impacto y mejor conectados con las necesidades de la sociedad y del tejido productivo.
